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24 de julio de 2024
OPINIÓN

Evolución del proceso electoral y el papel del legislativo en México

EL MENSAJE DEL DIRECTOR

Por Hiram Valdez Chávez

Hablar de las campañas electorales en México al finalizar el siglo XIX y recordar nuestros inicios en estos pasos por consolidar una democracia y las formas de participación era una gran necesidad en esos tiempos, ya que un pequeño grupo decidía los resultados, y si alguien se oponía, las armas y la violencia eran la forma de arreglar las controversias. Algo muy similar a nuestros tiempos, aunque de diferentes formas, pero la violencia sigue latente en muchas regiones de nuestro país.

Por ejemplo, en 1876, el general  Porfirio Díaz, rompiendo todo acto legal que impulsó el presidente Benito Juárez García y los actores políticos de la Reforma al triunfo de la República, llegaría a la Presidencia a como diera lugar, logrando convertirse en el centro de la política nacional. Él era quien tenía la razón en todo, no se podía pensar diferente, cayendo sin duda alguna en una dictadura.

La sociedad necesita ver estrategias reales, está cansada, fragmentada por el discurso divisorio. Quiere ver madurez, compromiso de la clase política para solucionar la pobreza, la impunidad, la inseguridad que tanto aqueja día con día a México.

Por eso, la pregunta de cómo debe incidir el Poder Legislativo en los procesos democráticos en nuestro país, antes y después, y cómo intervenir para que estas acciones de violencia que nos siguen desde el pasado como fantasmas, además de la avaricia y la impunidad, y en la que ciertos grupos en nuestro país buscan el poder por el poder. ¿Cómo lograr que estos vicios que tanto daño han hecho queden relegados en nuestra democracia? Sin duda alguna son causas de que la violencia impere en muchas regiones, incluso acabando con la vida de muchos aspirantes a puestos de representación popular.

En ese entendido, Porfirio Díaz realizaba una simulación con el apoyo de los poderes legislativo y judicial, que se constituían apresuradamente para simular las campañas políticas de muy corta duración y, claro, ganaban sus candidatos. Hoy vemos a la clase política, sin duda alguna, cargando otros vicios, por ejemplo, cuando se pasan de un partido a otro. Han entendido una fórmula perfecta que consiste en seguir instrucciones de los grupos que encabezan el poder. Lo único que cambian como políticos son de partido, todo es sumisión para seguir en las líneas del poder. En este sentido, ¿cómo construir una democracia auténtica, protegida de intereses de grupos, libre, moderna, si seguimos siendo presa de intereses grupales en México que impiden el verdadero desarrollo y, lo más importante, la transparencia?

Las oposiciones, sin duda, han sembrado grandes ideas en el campo del debate político, pero una vez que tienen el poder, las cosas cambian. Por ejemplo, la oposición que manifestó la necesidad de un cambio en 1909, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, entre otros, lanzaron un Partido Antirreeleccionista, con el famoso lema de “Sufragio efectivo, no reelección”. Ahora vemos que regresa la reelección y no hemos tenido grandes avances, sino que estamos estancados en mantener el poder político y económico en muchas regiones de nuestro país. En los últimos años, la política en México, sin duda, jamás nos deja de sorprender. Aprender del pasado es algo que han olvidado los políticos en México. No podemos cometer los mismos errores. ¿Hasta cuándo vamos a pasar verdaderamente a otro nivel?

Los ideales de Madero se establecieron en nuestro régimen democrático, sin olvidar los episodios históricos para fortalecer nuestra democracia hasta nuestros días. Recordando que no fue fácil para muchos políticos, esas grandes personalidades que fueron auténticos luchadores sociales y que sostuvieron la bandera de la democracia. En ese sentido, recordando nuestro pasado para mejorar nuestro sistema político, hoy la ciudadanía se pregunta cuál sería el siguiente paso, sin querer manipular las instancias, sino cuidar y velar por las elecciones en nuestro país, y que la violencia no siga haciéndose presente en nuestros procesos electorales. ¿Cómo evitar estas conductas antisociales que van creciendo todos los días en nuestros procesos electorales?

En 1990 se declaró que la organización de las elecciones federales sería una función estatal ejercida por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, pero, además, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos, además de observadores internacionales. La función se realizaría a través de un organismo público, el “Instituto Federal Electoral”, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. También, se profesionalizó al organismo público y se le dotó de autonomía en sus decisiones. Por primera vez se crearon los consejeros y consejeros magistrados y los representantes de los partidos políticos. Fue aportación importante de esa reforma de 1990 el establecimiento de un sistema de medios de impugnación de los que conocería el organismo público y, asimismo, un tribunal autónomo que sería órgano jurisdiccional en materia electoral.

En 1993 se realizó una nueva reforma al artículo 41 constitucional para establecer que el financiamiento ordinario y de campaña de los partidos políticos estaría sujeto a las disposiciones que estableciera la ley. Durante la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, se introdujo una segunda reforma al artículo 41, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993. En esta ocasión, lo novedoso fue darle definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, excluyendo a los colegios electorales de las respectivas cámaras. La única calificación definitiva e inatacable sería emitida por la Cámara de Diputados en relación con la declaración de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la fracción I del artículo 74 constitucional. Se añadió una segunda instancia, que resolvería una Sala integrada por cuatro miembros de la judicatura federal y el presidente del Tribunal Federal Electoral.

En 1994, las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente político hostil tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de ese año en Chiapas. La insurgencia golpeó gravemente la imagen que el gobierno quería retratar de un país desarrollado y avanzado, y puso de relieve los efectos negativos de las reformas neoliberales promulgadas por el gobierno salinista, además del discurso pronunciado por Luis Donaldo Colosio, evidenciando la realidad en esos momentos, discurso que sigue vigente en el aniversario de la revolución mexicana.

El 27 de enero de 1994, ocho partidos políticos nacionales y sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República suscribieron el Acuerdo por la Paz, la Democracia y la Justicia. El acuerdo requería reformas legislativas para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales y la transparencia en las elecciones federales de 1994. Implica la suma de voluntades, la coordinación de esfuerzos y la generosidad de todos para vencer el miedo que nos afecta ante la indolencia y la ineficacia de las autoridades.

Hoy en día, el legislativo debe jugar un papel importante en el equilibrio de poderes. Tocar nuestro sistema democrático es tocar fibras muy sensibles. La iniciativa del presidente López Obrador de desaparecer al INE y al Tribunal Electoral para sustituirlos por órganos de elección popular parece una ocurrencia populista: una solución simplista a un problema complejo. En este caso, promete acabar con las cuotas partidistas y garantizar la imparcialidad, mediante un sistema que busca reivindicar, según su perspectiva, a la ciudadanía como fuente del poder.

Si bien es cierto que la forma actual de nombramiento de consejeros no es del todo perfecta, cuenta con dos grandes ventajas: es un método probado que ha permitido elecciones competitivas y la alternancia pacífica en el poder, a pesar de la violencia en muchas regiones de México, y evita el control partidista en las elecciones. Si permites que el partido en el gobierno nombre a la autoridad electoral por decisión unilateral, permanecerá en el poder.

Recordemos que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de más de 10 mil 444 millones de pesos destinados para los partidos políticos nacionales para este 2024, el año en el que recibirán el mayor financiamiento de la historia. La pregunta es: con esas cantidades estratosféricas y de derroche, ¿no merecemos una mejor democracia en nuestro país?

Las descalificaciones en esta elección de 2024 solo contribuyen a identificarnos en qué nivel estamos en la pirámide del odio. El acuerdo por la paz, la democracia y la justicia de 1994, suscrito por los candidatos a la Presidencia de la República, es un ejemplo para estos tiempos.

Donde los aspirantes deben sentarse respetando un debate de ideas y suscribir un acuerdo de paz. Es una exclamación de la ciudadanía, que ve violencia por todos lados, pero algo más importante, es el compromiso de sentar las bases para fortalecer la democracia, el respeto a la autonomía de los poderes de la unión y decidir las mejores alternativas para brindar seguridad a la ciudadanía, comprometiéndose en temas trascendentes como la salud, medio ambiente, el agua, entre otros.

Los partidos estarán representados en el Poder Legislativo. Es el momento de ver esos compromisos, no de estar pensando cómo buscar la mayoría para imponer sus ideas. Insisto, el debate tiene que ir más allá de descalificar, lo cual muestra pobreza de ideas. La sociedad necesita ver estrategias reales, está cansada, fragmentada por el discurso divisorio. Quiere ver madurez, compromiso de la clase política para solucionar la pobreza, la impunidad, la inseguridad que tanto aqueja día con día a México. El momento es crucial, y el legislativo puede iniciar esta reforma de cambio, exigiendo mayor preparación en los próximos candidatos y candidatas a puestos de elección popular, a favor de fomentar un debate constructivo en aras de la paz y el fortalecimiento de una democracia moderna.

 

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