Los juegos del Poder
Por Gabriel Ibarra Bourjac
La Presidenta Claudia Sheinbaum endureció su discurso ante Washington. En respuesta a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien afirmó que “la lucha contra los carteles debe unirnos, no dividirnos”, la mandataria le pidió de manera directa que “respete los asuntos internos” de México.
“Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, señaló Sheinbaum durante la conferencia matutina.
La Presidenta invocó la doctrina Estrada y el principio de no intervención consagrado en la Constitución, recordando que los embajadores mexicanos “no opinan sobre los asuntos políticos de los países” donde están acreditados.
Más allá del cruce diplomático, el fondo del conflicto es grave y urgente: México enfrenta un grave problema de seguridad y un crimen organizado que ha logrado penetrar importantes estructuras de poder regional.
Ante esta realidad, invocar la soberanía absoluta y la no intervención frente a las presiones de Washington conlleva un mensaje implícito: el gobierno mexicano no entregará al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a otros funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos”.
El problema es que México no puede enfrentar solo a los cárteles. Requiere cooperación internacional, inteligencia compartida y acciones concretas. Estirar la liga con el principal socio comercial y el país más poderoso del mundo es un juego de alto riesgo, especialmente cuando se acerca la revisión del T-MEC y la economía mexicana depende en gran medida de la estabilidad de la relación bilateral.
El contexto se ha vuelto aún más tenso tras las acusaciones de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos por narcotráfico y armas. Mientras la Casa Blanca y el embajador Johnson insisten en que la lucha contra los cárteles debe ser un tema de seguridad compartido y no de confrontación política, el gobierno mexicano responde con nacionalismo y acusaciones de injerencia.
La pasada semana el Congreso de la Unión dio un paso adicional al reformar el artículo 41 constitucional para incluir como causal de nulidad electoral cualquier forma de injerencia extranjera, aunque la redacción queda lo suficientemente ambigua como para generar preocupación en la oposición. Movimiento Ciudadano, entre otros, advierte que esta reforma podría convertirse en una herramienta para impugnar resultados electorales bajo criterios subjetivos.
La Presidenta Sheinbaum ha decidido jugar fuerte la carta de la soberanía. La pregunta que queda en el aire es si esta estrategia fortalecerá realmente la posición de México o si, por el contrario, terminará aislando al país justo cuando más necesita resultados concretos en seguridad y certidumbre económica.
Washington ya ha dado señales de que no se quedará callado. La liga sigue estirándose. Habrá que ver hasta dónde resiste.
