EL PARLAMENTO EN MÉXICO ES UN ACTOR VITAL
Por Iván Arrazola
Hoy el Poder Legislativo en México se encuentra en el centro del debate, el lugar en el que se han aprobado las reformas más importantes del país en tiempos recientes, se encuentra nuevamente bajo la sombra del poder presidencial. La presencia de una fuerza mayoritaria en el Congreso y el Poder Ejecutivo inhiben la discusión y el debate de reformas que transformarían radicalmente la configuración del país, de ahí que es necesario entender que está en juego y el por qué es importante conocer el funcionamiento del órgano legislativo.
Lo que debe quedar claro a partir de la experiencia del Plan B es que el Congreso debe de ceñirse a las reglas, pero sobre todo debe de comportarse como un poder independiente que privilegie el dialogo ante cualquier intento de imposición.
El Poder Legislativo en México es un actor vital para el funcionamiento del país, a pesar de la cultura presidencialista que ha predominado en México, el Poder Legislativo ha sido testigo y al mismo tiempo actor fundamental de la transformación del país, así como hubo un periodo en el que se vio eclipsado por la presencia de un partido hegemónico, también hubo un momento de pluralidad política en que fue actor central, increpó al poder presidencial y acompañó el despertar ciudadano que exigió elecciones más justas, y un instituto y un árbitro imparcial que se encargará de organizar y calificar las elecciones.
El Poder Legislativo además de representar la diversidad de pensamientos, cumple diversas funciones que son vitales: representar a los distintos grupos de la población, formular y aprobar nuevas leyes, y servir de contrapeso al resto de los poderes, fundamentalmente al poder presidencial.
Un elemento básico para cualquier democracia es el cumplimiento de las normas, la certeza de que el trabajo que desarrollan los distintos órganos del Estado, lo hacen con profesionalismo y con apego a derecho, lo que brinda certeza sobre el comportamiento de los actores políticos y al mismo tiempo proporciona estabilidad a un país. Pues bien, parte de ese conjunto de reglas incluye el proceso legislativo, que es el conjunto de procedimientos que se tienen que seguir desde el momento en que se presenta una iniciativa de ley en el Congreso hasta que es promulgada e incorporada a la Carta Magna.
En días recientes la Suprema Corte determinó declarar inconstitucional la primera parte del Plan B debido a que no se siguió el debido proceso legislativo. No se cumplieron con criterios mínimos como publicar en el Diario de los Debates la iniciativa, tampoco se permitió a los legisladores de oposición revisar y analizar el contenido de la misma.
Alrededor del tema se han vertido distintas críticas desde el gobierno y del bloque oficialista en el Congreso sobre la decisión tomada por la Corte. La primera de estas críticas es que la Corte pretende erigirse o realizar las funciones del poder Legislativo, sin embargo, una realidad es que la Corte no entró al fondo del tema, la Corte no está juzgando si el contenido de lo aprobado en el Congreso es constitucional o no, la Corte lo que señaló es que se invalida porque no permitió la deliberación de la iniciativa entre los legisladores.
Por otra parte, se ha señalado que la Corte anuló la medida porque pretende mantener los privilegios, como los altos salarios de los consejeros del INE, una realidad que se debe tomar en cuenta es que esta primera parte del Plan B propone cambios sobre el concepto de propaganda electoral y cambios sobre las sanciones que pueden recibir los funcionarios públicos por la realización de propaganda electoral con recursos públicos, el tema de los altos salarios no es la parte medular de esta iniciativa.
Es probable que con un debate más amplio se habría podido entender el objetivo del gobierno al proponer estas reformas, pero al privar a la oposición de conocer el contenido de la iniciativa, así como exponer los puntos a favor y en contra, se perdió la oportunidad de revisar un tema que quizás ayudaría a mejorar el sistema electoral.
Tampoco resulta sencillo entender el proceder del partido en el poder, una característica central de estos tiempos es la transparencia, el tener un debate de frente a la ciudadanía, en el que se expongan los distintos puntos de vista, podría ayudar al oficialismo a explicar su lucha contra los privilegios que es la bandera que enarbolan y que están decididos a llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Los argumentos con los que se quiere justificar la actuación de los legisladores del bloque oficialista es que existen mecanismos como la dispensa de trámite legislativo y que ellos representan a la “voluntad democrática” del pueblo expresada por los representantes populares, por eso como mayoría pueden aprobar las iniciativas sin necesidad de debatir con las fuerzas opositoras.
Los argumentos en realidad son débiles, la imposibilidad de dialogar porque se tiene una mayoría en poco ayuda a fortalecer un régimen democrático. La intención parece ser otra, ante la imposibilidad de alcanzar las mayorías necesarias para hacer las reformas de ley, no importa ni lo que discute ni cómo se aprueba, lo importante es exhibir a los que se oponen y a los que rechazan las reformas, lo importante es mostrar que existe un bloque a favor del pueblo y otro bloque que está favor de mantener los privilegios.
Lo que debe quedar claro a partir de la experiencia del Plan B es que el Congreso debe de ceñirse a las reglas, pero sobre todo debe de comportarse como un poder independiente que privilegie el dialogo ante cualquier intento de imposición.
Iván Arrazola es analista político @ivarrcor
