Los Juegos del Poder
Por Gabriel Ibarra Bourjac
La detención de Ernesto Ruffo Appel en Ensenada ha sacudido los cimientos de la memoria política nacional.
No es una aprehensión cualquiera; es la caída del hombre que, en 1989, protagonizó la primera gran ruptura del régimen priista, marcando el inicio de una alternancia que tardaría décadas en consolidarse.
Hoy, a sus 74 años, el exgobernador de Baja California enfrenta cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, un giro dramático que oscila entre la procuración de justicia y las tensiones del escenario electoral vigente.
El golpe de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido fulminante. La investigación, catalogada como de «alta complejidad», coloca en el centro del huracán a la empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al exmandatario.
Según las autoridades, la firma operaba bajo un esquema de «huachicol fiscal»: introducían gasolina y diésel desde Estados Unidos declarando apenas el 10% del volumen real ante las aduanas, evadiendo impuestos por más de 4,000 millones de pesos al erario. La mecánica, consistente en utilizar carrotanques ferroviarios para mover la mercancía, ha sido descrita como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento.
Sin embargo, el contexto en el que se produce esta detención no ha pasado desapercibido para la oposición. Desde el PAN y el nuevo partido Somos México —donde Ruffo fungía como consejero—, las voces críticas señalan un uso político de la justicia.
La narrativa opositora sostiene que la captura funciona como una «cortina de humo» para desviar la atención de los escándalos que rodean a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, especialmente tras las filtraciones de audios que presuntamente la vinculan con gestiones de seguridad ante la DEA.
La confrontación es clara: mientras el gobierno federal y Morena aseguran que se trata de un combate sin distingos contra la corrupción, los críticos ven una estrategia para proteger a figuras afines al partido en el poder.
Este episodio no ocurre en el vacío. La esfera política mexicana vive una ola de señalamientos cruzados. Mientras la FGR avanza contra Ruffo, el debate público se inunda de acusaciones que rozan a figuras clave de Morena, con cuestionamientos sobre el presunto involucramiento de gobernadores y funcionarios federales en redes de contrabando de combustibles.
Es en este tablero de ajedrez, donde las piezas del pasado (como el legado de 1989) y las urgencias del presente (el combate al huachicol y la supervivencia política) se mezclan, que la detención de Ruffo Appel se convierte en el epicentro de un debate mayor sobre la ética, la corrupción y la judicialización de la política en el México de 2026.
La historia de Ernesto Ruffo —del empresario panista que inauguró el pluralismo político, al exmandatario detenido bajo sospecha de ser parte de un esquema de evasión masiva— es un recordatorio de la fragilidad de los íconos frente al desgaste del poder.
Por ahora, el exgobernador deberá defenderse ante los jueces, mientras el país observa si estamos ante un caso sólido de justicia o ante un nuevo capítulo de la eterna disputa por el control de la narrativa política en México.
El tema dará mucho de qué hablar.
