DE PRIMERA MANO
Por Francisco Javier Ruiz Quirrín
Hay un paquete de primeras conclusiones que se pueden establecer luego de la separación de Rubén Rocha Moya del cargo de gobernador de Sinaloa.
Primera: Muy lamentable que el gobierno mexicano, con sus respuestas a las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico, evidencie la falta de voluntad para perseguir y castigar a sus políticos ligados con el crimen.
Es decir, hemos podido constatar con mucha tristeza que el castigo a la corrupción en nuestro país no se genera por nuestras instituciones, sino por los reclamos de un gobierno extranjero.
Segunda: El gobierno mexicano se sujeta a las “órdenes” del presidente estadounidense Donald Trump por nuestra vulnerabilidad, que nos hace débiles ante el vecino del norte. México es socio del moderno “imperio romano” en el mundo, lo que muestra nuestras fortalezas, sobre todo porque la mayor relación comercial del “Tío Sam” es con su vecino del sur.
Tercera: El presidente Trump prometió durante su campaña que combatiría los cárteles de la droga mexicanos que han provocado la muerte de miles de jóvenes en su país y en ese objetivo ha avanzado, sobre todo cuando logró que fueran declarados oficialmente “organizaciones terroristas”.
La popularidad de Trump ha colapsado en los últimos meses y en noviembre próximo se renovará el Congreso. Habrá que recordar que para la justicia de EU, su actual presidente es un criminal. Perder sus votos en el Congreso le podría significar no solo salir de la Casa Blanca, sino también ir a la cárcel. Sin duda alguna, uno de los argumentos más importantes para renovar su simpatía popular, serían sus éxitos en el combate al “narco” mexicano.
Cuarta: Solo nos podemos imaginar la enorme cantidad de información que la justicia norteamericana tiene sobre las actividades del narcotráfico y su alianza con políticos mexicanos, sobre todo a partir de la llegada de López Obrador a la Presidencia, quien puso en práctica su lema de “Abrazos y no balazos” y con ello permitió la expansión del poderío de los cárteles en el país y el evidente aumento en la violencia.
Hay una extensa fila de “testigos protegidos” en las cárceles “gringas”, donde son enjuiciados y sentenciados las figuras más emblemáticas del crimen en México, entre ellos Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, quienes se unen a decenas más, que han entregado información a los jueces, buscando menor severidad en sus condenas.
Rocha Moya declaró que además de recibir ataques a su persona, el propósito de los adversarios es golpear a la “cuarta transformación”, es decir a todo el movimiento colocado hoy en el poder.
El pasado fin de semana, Ariadna Montiel Reyes, la nueva dirigente del partido oficial, advirtió en su primer mensaje que en “En MORENA no tienen cabida los corruptos”.
Las expresiones de Rocha y de Montiel otorgan la razón a críticos que, como Lilly Téllez, aseguran que el partido en el poder es un “narcopartido”. Curiosamente, apenas semanas antes, Rocha era respaldado por las principales figuras del gobierno y de su partido.
En la octava asamblea nacional de éste último el pasado fin de semana, el ahora gobernador con licencia de Sinaloa no solo estuvo ausente en los discursos; todos evitaron mencionarlo.
Sexta: La Fiscalía General de la República a cargo de Ulises Lara, anunció que ha citado a cincuenta personas chihuahuenses para que testifiquen acerca de los hechos en los que estuvieron involucrados cuatro agentes de la CIA en el desmantelamiento de un gran laboratorio en un lugar conocido como “El Pinal”.
Al mismo tiempo, destacadas figuras de MORENA han señalado a la gobernadora panista, María Eugenia Campos, como una “traidora a la patria”. Esta andanada oficial contra una mandataria estatal no afín al régimen, lleva dos propósitos: Tratar de desviar la atención del escándalo “Sinaloa” y minar las posibilidades de triunfo del PAN en los comicios del 2027.
Más allá de eso, el gobierno de la república se ha preocupado por defender a Rocha, porque no ha abierto carpeta de investigación alguna en su contra luego de los múltiples señalamientos de sus ligas con el “narco”. Y desde palacio nacional, se ha tratado de crearle una imagen de víctima “ante las exigencias de una potencia extranjera que no nos dirá cómo debemos gobernarnos”.
Séptima: Las reacciones del gobierno estadounidense están a la vista. Hace unos días divulgó su nuevo proyecto internacional de combate a las drogas 2026, donde anuncia que en este tema su relación con México ha pasado del aspecto meramente criminal, “al de un estado de guerra”. ¿Qué significa?… Varias cosas, pero lo más fuerte, es la posible presencia militar en nuestro país sin consentimiento del gobierno de la presidenta Sheinbaum, para combatir directamente al crimen organizado. Las primeras señales las veremos en la presencia de naves de vigilancia y de drones (que no será ninguna novedad, pero ahora de manera abierta, sin ocultamientos). La soberanía nacional será vulnerada. El panorama más pesimista incluye la posible imposición de nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas a EU y las condiciones en que se negocie y renueve el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
Octava: Los hechos mostrarán si esta confrontación lleva el propósito deliberado de la 4-T de pintar una especie de raya con Estados Unidos. Si el objetivo es empobrecer a toda la nación, López Obrador y Sheinbaum cuentan ahora con una gran oportunidad y, aparte, estaría listo el paquete para calificar a nuestros vecinos del norte como los culpables de los fracasos de este gobierno mexicano. Si. Exacto. Como la dictadura cubana lo ha mantenido desde hace más de sesenta años.
