EL RETO DE CONSOLIDAR A JALISCO
Se requiere cambio de mentalidad en el servicio público.
Por Diego Morales
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza Jalisco 2024-2030 posiciona los derechos humanos como eje central para saldar deudas históricas con grupos vulnerables, precisa Alberto Bayardo Pérez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
Este enfoque busca garantizar políticas públicas inclusivas que promuevan equidad y bienestar, consolidando a Jalisco como líder en protección de derechos para 2030.
El plan aborda el grave problema de las personas desaparecidas con un enfoque multidimensional. Incluye medidas paliativas para apoyar a víctimas indirectas, estrategias de prevención para evitar nuevos casos y acciones de localización con diversas metodologías.
Estas iniciativas reflejan el compromiso de atender una problemática que afecta profundamente a la sociedad jalisciense, priorizando la dignidad y los derechos de las víctimas.
La participación de niñas, niños y adolescentes se integró mediante consultas especializadas coordinadas por el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Estas consultas, diseñadas por expertos, identificaron necesidades específicas, asegurando que las políticas sean relevantes para quienes, al final de la administración, serán adultos, garantizando un impacto a largo plazo.
El proceso de planeación fue colaborativo, incorporando miles de opiniones ciudadanas, lo que resalta la importancia de procesar información diversa. Este ejercicio dejó aprendizajes clave: la ciudadanía tiene mucho que aportar, pero gestionar grandes volúmenes de participaciones requiere sistemas robustos para traducirlas en políticas efectivas.
La colaboración entre sociedad y autoridades fomenta discusiones que enriquecen la planeación futura. Para garantizar la inclusión, el plan revisa programas públicos, adaptándolos a las necesidades de poblaciones prioritarias: mujeres, adultos mayores, jóvenes, pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes, cuidadoras y de la diversidad sexual.
Mesas específicas identificaron demandas comunes, aplicando un enfoque interseccional para diseñar políticas integrales. Por ejemplo, se promueven espacios accesibles para adultos mayores, oportunidades laborales para jóvenes sin experiencia previa y una perspectiva de género en la planeación urbana para mejorar la seguridad de las mujeres.
Bayardo enfatiza que fortalecer la cultura de derechos humanos requiere un cambio de mentalidad en el servicio público: los ciudadanos son titulares de derechos, no clientes. Esto implica superar prácticas discriminatorias normalizadas y anticiparse a necesidades diversas, como discapacidad y salud mental.
Los retos incluyen la falta de hábito en priorizar derechos humanos y la complejidad de atender una población diversa. La accesibilidad universal es un pilar transversal, exigiendo la adaptación de instalaciones y presupuestos en todas las dependencias, con personal capacitado para garantizar inclusión.
El plan se alinea con la Ley de Planeación Participativa de Jalisco, promoviendo colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector privado para crear políticas dinámicas y efectivas.
La visión para 2030 es un Jalisco líder en derechos humanos, erradicando la discriminación mediante políticas proactivas alineadas con la Agenda 2030. La implementación efectiva dependerá de mecanismos de seguimiento y evaluación con participación ciudadana, asegurando transparencia y confianza.
Así, Jalisco busca ser un modelo de gobernanza participativa y desarrollo sostenible, promoviendo equidad y respeto a los derechos humanos para todas y todos.
