LOS JUEGOS DEL PODER
Por Gabriel Ibarra Bourjac
No es una coincidencia ni el azar de la justicia independiente. Es el clásico movimiento de ajedrez que se juega en los círculos del poder cuando un adversario se vuelve demasiado incómodo o cuando las circunstancias lo exigen.
La Cuarta Transformación, ante el escenario político convulso que le ha tocado enfrentar —derivado del endurecimiento de la política del presidente estadounidense Donald Trump y de sus fuertes acusaciones que relacionan al gobierno morenista con el crimen organizado—, busca contrarrestar los efectos negativos y ha decidido sacar cadáveres del closet para embarrar a la oposición, como parte de una estrategia de distracción y desgaste.
El gobierno de la 4T empezó por la acusación y detención del político y empresario panista Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la era del dominio absoluto del PRI, a quien se le señala por su presunta participación en la red de corrupción del mega negocio del “huachicol fiscal”. Durante estas semanas se reabrió con fuerza el caso Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República se lanzó contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de haber ordenado ocultar y destruir evidencias de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Y en la segunda semana de agosto de 2026 las baterías del poder político convertido en gobierno decidieron apretar las tuercas al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Lo hacen con la precisión de quien conoce las debilidades del rival.
En las últimas horas, la Fiscalía de Campeche detuvo a Carlos Alberto Medina Hernández, quien fuera director de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno (2015-2019), acusado de peculado por el presunto desvío de 36 millones de pesos a través de factureras y la televisora Mayavisión.
Un día antes cayó Luis Antonio Espinosa Campos, contador ligado al hermano del priista, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. La investigación apunta a una red de desvíos que, según la propia fiscalía local, involucra a más de una docena de personas del entorno cercano. Y, de fondo, ya se habla abiertamente de solicitar el desafuero del senador y líder tricolor. ¿Casualidad? Difícil creerlo.
Alito ha sido uno de los pocos dirigentes de oposición que no se ha doblegado. Ha mantenido una retórica dura contra el gobierno, ha denunciado la captura de las instituciones y, sobre todo, ha insistido en señalar a Morena como “narcopartido”. Justo ahí llegó el segundo golpe: el INE, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, le ordenó retirar publicaciones y le prohibió seguir usando ese calificativo.
El argumento oficial es que se trata de calumnia, de imputación de delitos sin sustento fáctico. Alito respondió con furia, hablando de censura y de que “para callarme me van a tener que matar”. La frase es excesiva, pero revela el nivel de tensión al que se ha llegado.
El gobierno morenista muestra su rostro más duro y rudo. Durante los seis años de la administración que encabezó Andrés Manuel López Obrador no se había visto con esta intensidad el uso de la justicia como herramienta de contención política contra la oposición formal. El PRI de Alito ya no es el partido hegemónico de antaño; es una estructura debilitada, con militancia diezmada, finanzas cuestionadas y una presencia territorial reducida.
Pero sigue siendo un obstáculo simbólico. Sirve para entretener al respetable y para mantener vivo el relato de que aún existe una oposición que se resiste.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuidadosa. Ayer dijo que el caso corresponde a la Fiscalía de Campeche y, en su caso, al Congreso. No se metió de lleno. Es la forma elegante de lavarse las manos mientras el aparato avanza. La justicia selectiva sigue siendo el arma más eficaz de este régimen. Se investiga con rigor a los opositores y se diluye cuando se trata de los propios.
Los ejemplos sobran: mientras se detiene a exfuncionarios de Alito, otros casos de corrupción de aliados morenistas avanzan a paso de tortuga o simplemente se archivan en los cajones de las fiscalías.
El riesgo para Moreno es real. Si le quitan el fuero, el escenario cambia por completo. De dirigente nacional pasa a investigado, y el PRI pierde a su principal referente en un momento en que la oposición ya está atomizada y sin un liderazgo claro que aglutine. El mensaje es contundente: quien se atreva a confrontar de frente pagará el precio. No importa si los delitos que se le imputan a su entorno son reales —y todo indica que hay elementos serios de peculado y uso de factureras—. Lo que importa es el timing.
¿Por qué ahora, cuando Alito ha subido el tono de sus denuncias y cuando el gobierno enfrenta presiones externas cada vez más fuertes?
La 4T no necesita eliminar a todos sus críticos. Solo necesita demostrar que puede hacerlo. El acorralamiento de Alito Moreno es una advertencia para el resto de la oposición y para cualquier voz disidente. Tiene que ver directamente con el horizonte de 2027, cuando se renueven 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
El ejercicio del poder genera desgaste, y el principal desgaste que sufre hoy el gobierno de la 4T proviene de las fuertes sacudidas del gobierno norteamericano, que reclama llevar a juicio al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, el gobierno mexicano ha preferido protegerlo y aguantar las embestidas de los gringos, lo que aumenta la presión interna y la necesidad de mostrar control político en casa.
¿Hasta dónde llegará esta confrontación? ¿Podrá la presidenta Sheinbaum resistir las presiones y ataques de Donald Trump, quien a su vez, en noviembre próximo, verá evaluado a su gobierno por los electores estadounidenses cuando se elijan nuevos representantes al Congreso —tanto a la Cámara de Representantes como al Senado— así como nuevas autoridades estatales y locales en 38 estados?
Los juegos del poder se vuelven por momentos impredecibles. Tenemos al presidente del país más poderoso del mundo acechando al poder político de México. Vamos a ver hasta qué punto se puede contener esta embestida externa. Por lo pronto, el tablero local se mueve con rapidez.
El gobierno morenista endurece su rostro y apunta hacia la debilitada oposición, que aún abriga la esperanza de arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y de quitarle algunas gubernaturas clave, como Sinaloa, Michoacán o Colima, entre otras.
En este escenario, Alito Moreno se ha convertido en una pieza útil: mientras se le acorrala, se envía el mensaje de que nadie está a salvo y se distrae la atención de los problemas estructurales que enfrenta la 4T.
Alito todavía tiene margen de maniobra. Puede radicalizar aún más su discurso, buscar alianzas con otros actores de la oposición o convertir la persecución en bandera política. Pero el cerco ya está tendido. En los juegos del poder, cuando el adversario empieza a perder piezas cercanas y se le restringe el discurso, el final suele estar más cerca de lo que parece.
La pregunta no es solo si Alito resistirá, sino hasta qué punto el gobierno de la 4T está dispuesto a tensionar las instituciones para mantener el control absoluto del tablero.
