Las autoridades han dejado ver la discrecionalidad y falta de prontitud con la que indagan las denuncias, resaltó el diputado del PT.
Por Comunicación Social Cámara de Diputados
El diputado Rodolfo Cardona Pérez (PT) propuso reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer un plazo máximo de 365 días naturales para finalizar una investigación, cuando exista una denuncia por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos.
Asimismo, abundó que también se suscribe que, una vez admitida la denuncia por la autoridad investigadora, ésta tendrá la obligación de informar cada 90 días naturales al denunciante el avance que guarda la investigación, informándole el carácter de confidencial y respetando los datos personales.
En un comunicado, Cardona Pérez explicó que actualmente la ley no contempla tiempos específicos para dar resultados o concluir alguna investigación. “Las autoridades han dejado ver la discrecionalidad y la falta de prontitud con la que investigan las denuncias; de lo anterior, surge la necesidad de obligarlas a informar periódicamente a los interesados el estado que guarda el desarrollo de la indagatoria”.
Agregó que los principios que deberán observarse en el desarrollo de toda investigación deberá ir orientada en todo momento al respeto a los derechos humanos; además, refiere que las autoridades competentes y facultadas para ello tienen que emitir de manera pronta sus resoluciones; no obstante, dicha situación no se cumple en la mayoría de los casos.
“Tan solo la organización civil Iniciativa Sinaloa, presentó en el norte de la frontera de México, de marzo de 2020 a octubre de 2023, 36 denuncias relacionadas por posibles comisiones de faltas administrativas graves, cometidas principalmente por servidores públicos. De las mencionadas denuncias, sólo una ha tenido una resolución condenatoria”, detalló.
El diputado del PT argumentó que la prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales el Estado mexicano ha mostrado su compromiso. “Por eso este tipo de reformas coadyuvan a lograrlo”, finalizó.
