La diputada del PRI señala que la FGR debe investigar exhaustivamente los hechos y evaluar la probable responsabilidad de custodios y agentes migratorios.
Por Comunicación Social Cámara de Diputados
La diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI), integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a transparentar públicamente los resultados de las investigaciones sobre el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 migrantes.
En un comunicado, informó que presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto en ese sentido a la FGR, así como para que pida a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la presunta responsabilidad de los servidores públicos encargados de las instalaciones y de la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), encargada de la seguridad de ese lugar.
La legisladora priista aseguró que el personal de seguridad perteneciente a la empresa a cargo de custodiar a las personas migrantes que fallecieron no estaba capacitado ni sensibilizado para responder correctamente a sus funciones.
“Pese a ser una empresa de índole privada, al ejercer una actividad responsabilidad del Estado, esta debe responder ante él como responsable, junto con las autoridades y funcionarios que le asignaron la responsabilidad sin garantizar que contaba con el personal especializado para atender dicha encomienda”, subrayó.
Carvajal Isunza consideró importante que la FGR investigue exhaustivamente los hechos y evalúe la probable responsabilidad de los custodios y agentes migratorios que por su acción u omisión pueden ser imputados por un delito.
Comentó que en el punto de acuerdo también se solicita al INM revisar y garantizar el estado de las instalaciones destinadas a la detención, albergue y recepción de personas migrantes, a fin de que reciban, durante su estancia, un trato y espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica, en caso de ser necesario; así como evitar su retención por periodos que excedan las 36 horas, tras las que deben permitirles llevar sus procesos en libertad.
