PROTECCIÓN A COMUNIDADES VULNERABLES
Se prioriza el acceso a la justicia y la defensa de derechos humanos.
Por Gabriel Ibarra Bourjac
La Procuraduría Social busca garantizar que sectores vulnerables, como adultos mayores, mujeres, niños y personas con discapacidad, accedan a una representación legal efectiva en casos penales, civiles, familiares y laborales.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 de Jalisco, producto de una amplia consulta ciudadana, establece una hoja de ruta para un estado más justo, equitativo y sustentable.
Héctor Pizano, procurador social, destaca la participación de sectores diversos como academia, empresarios y ciudadanos, liderada por la Secretaría de Planeación.
La Procuraduría Social, clave en este plan, prioriza el acceso a la justicia y la defensa de derechos humanos, ampliando su presencia con nuevas oficinas y módulos itinerantes en los 125 municipios para atender a grupos vulnerables.
Pizano subraya el compromiso de acercar servicios a la ciudadanía y capacitar al personal para proteger derechos y patrimonios, fortaleciendo la equidad e inclusión en el marco del plan estatal.
UN ESFUERZO INÉDITO POR SU INCLUSIÓN
A diferencia de planes anteriores, el Plan 2024-2030 destaca por su consulta amplia e inclusiva, integrando voces de comunidades marginadas y sectores poco escuchados. Según Pizano, refleja no solo la visión del gobernador Pablo Lemus, sino un mandato social que posiciona a Jalisco como referente nacional en planeación participativa, trascendiendo el mero trámite administrativo.
La Procuraduría Social ha duplicado su capacidad de atención en siete meses, pasando de 42 a 70 oficinas y desplegando módulos itinerantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios rurales. Además, ofrece asesoría inmediata a través de la Dirección de Atención Ciudadana, logrando casi duplicar el número de personas atendidas respecto al año anterior, en línea con las metas del plan.
PROTECCIÓN A COMUNIDADES VULNERABLES
Para incluir a pueblos indígenas y zonas marginadas, la Procuraduría mantiene presencia en regiones clave mediante coordinaciones y módulos itinerantes, trabajando con la Fiscalía, el Poder Judicial y el DIF. Estas acciones buscan corregir omisiones históricas, proteger derechos culturales y garantizar el acceso a la justicia, evitando la vulneración de derechos de estas comunidades.
La Procuraduría mide su impacto con indicadores claros, como la atención digital vía WhatsApp y la creación de comités regionales, como el de Puerto Vallarta, que reúne a 62 instituciones para evaluar avances, modelo se replicará en otras regiones, con evaluaciones trimestrales que incluyen a beneficiarios para ajustar estrategias.
Además, un sistema de control interno y la supervisión de la Contraloría combaten la corrupción, garantizando transparencia.
VISIÓN PARA UN JALISCO EQUITATIVO
Pizano se muestra entusiasmado por el carácter participativo del plan y su potencial para transformar Jalisco. Invita a la ciudadanía a involucrarse, exigiendo resultados para cumplir metas respaldadas por el presupuesto.
Visualiza un Jalisco al 2030 con acceso universal a la justicia, derechos humanos protegidos y una Procuraduría Social como pilar para los vulnerables, especialmente ante las reformas judiciales de 2027.
