ESTADO DE DERECHO
Por Edgard Delgado Aguilar (*)
De unos meses a la fecha, se han suscitado diferencias de criterio u opinión que han generado “desencuentros” -quiero creer que no confrontación- entre integrantes del poder legislativo – de ambas cámaras del Congreso de la Unión – con motivo de resoluciones emitidas por los tribunales, en este caso, electorales. Como fue lo relativo al proceso para elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral o el recurso interpuesto por Movimiento Ciudadano, relativo a la integración de la Comisión Permanente.
Hechos que generaron entre otras reacciones: La creación de un grupo de trabajo al interior de la actual legislatura de la Cámara de Diputados para revisar y proponer modificaciones a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acotando sus facultades en asuntos del Poder Legislativo y cuya iniciativa, no alcanzó el consenso para prosperar.
A lo anterior, se suman “airadas” declaraciones de algunos legisladores de iniciar “Juicios Políticos” a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivado de la declaración de invalidez realizada el 8 de mayo de este año, al primer decreto de las reformas político-electorales que modificaban las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que con mayoría de 9 votos fue votada a favor dicha declaración bajo el argumento de “Violaciones graves al procedimiento legislativo”.
Lo que parecería estridencias “Normales” en un acalorado debate político, se materializaron el pasado 19 de julio, cuando diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena promovieron juicio político a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invalidar las reformas electorales que habían aprobado -la segunda parte del llamado Plan B- argumentando que se invadían las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.
Estamos viviendo un clima “estridente” con exasperadas declaraciones en conferencias matutinas y marchas en contra y en pro de la Suprema Corte y plantones contra ésta, en su sede. En síntesis, una sociedad “Dividida”.
Además, la demanda de Juicio Político fue interpuesta también -dijeron- porque los ministros incurrieron en violaciones graves a la Constitución, al no apegarse a los principios de austeridad republicana y contravenir la disposición constitucional de que nadie debe ganar más que el Presidente de la República.
Aunado a esta “Confrontación entre poderes” tenemos la escalada de declaraciones que se trasladaron al terreno del ejecutivo federal, lo que además de ser un elemento preocupante, a decir de algunos, es la “Fuente primigenia del desencuentro”. Y que tuvo como origen la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte para el periodo 2023-2026, dejando en la carrera a la ministra Jazmín Esquivel, identificada como muy cercana a él.
Cual sea el caso, por lo polémicas, políticas o legítimas que sean las razones, estamos viviendo un clima “estridente” con exasperadas declaraciones en conferencias matutinas y marchas en contra y en pro de la Suprema Corte y plantones contra ésta, en su sede. En síntesis, una sociedad “Dividida”.
Nuestro país y sus habitantes necesitan a sus gobernantes unidos. Una suma de esfuerzos y coordinación para atender y resolver las diversas problemáticas que se enfrentan.
Es necesario recordar que si bien, la esencia de la república es la división de poderes, actualmente, no existe una forma “pura” en que un poder, llámese legislativo, ejecutivo o judicial, ejerzan sus facultades, sin tener matices de los otros dos.
De ahí que el legislativo “Juzgue” mediante la figura del Juicio Político y el Poder Judicial, “legisle” como comúnmente se dice, a través de las jurisprudencias o determine expulsar del universo jurídico, una porción normativa, ordenamiento o sistema completo (Como ya ocurrió en la Ciudad de México con el Sistema Anticorrupción).
No debemos perder de vista que somos parte de un Sistema en donde el todo, es la suma de las partes y que debe funcionar en armonía.
El actual arreglo institucional ha dado pauta a la creación de nuevas figuras que abonan al estado de derecho y a la democracia como es la acción por omisión legislativa que no debe verse como una intromisión.
Si bien, todo marco jurídico es perfectible, deben establecerse los acuerdos y mecanismos de qué hacer, cuando no se esté de acuerdo y revisar de forma crítica y objetiva, ¿En dónde están esas zonas de riesgo o banderas rojas? Y transformarlas en ventanas de oportunidad. Como ciertamente pueden ser, los tiempos para resolver las controversias y acciones de inconstitucionalidad.
En conclusión, se debe fomentar una buena comunicación e interacción entre poderes y órganos de gobierno, generando mecanismos expeditos de colaboración y sano ejercicio republicano; convencido de que se necesitan causes no diques.
(*) Especialista en derecho parlamentario y electoral
