LOS JUEGOS DEL PODER
Por Gabriel Ibarra Bourjac
Lo que Guadalajara vive hoy no tiene precedentes en su historia moderna. La crisis del agua —marcada por un suministro de pésima calidad, color achocolatado y olores fétidos a través del sistema del SIAPA— ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en una bomba de tiempo política que le ha estallado de lleno al gobernador Pablo Lemus.
La manifestación del pasado domingo fue el punto de inflexión. Miles de ciudadanos, familias que exigen lo básico, tomaron las calles desde la Glorieta Minerva hasta llegar a Casa Jalisco. No fue una protesta más; fue el grito de hartazgo ante años de indolencia, corrupción y mala gestión que, lejos de resolverse, se han agudizado en la transición del gobierno de Enrique Alfaro al actual.
Lo que debió ser un ejercicio de diálogo terminó en una vergonzosa represión. Las imágenes de la batalla campal afuera de la residencia oficial son elocuentes: la respuesta desmedida de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos, muchos de ellos ajenos a la confrontación, resultó en 42 detenciones y decenas de heridos.
Fue una reacción que evidenció la falta de pericia, el incumplimiento de protocolos básicos de actuación y, peor aún, el uso de personal de Protección Civil y bomberos para lanzar chorros de agua a quienes precisamente exigían agua limpia.
Este suceso marca un antes y un después en la administración de Lemus. Si bien la exigencia de renuncia que claman algunas voces parece poco probable en este momento, lo que sí ha terminado es la «luna de miel» del gobernador con la ciudadanía. Bienvenido a la realidad: de aquí en adelante, la gobernabilidad exigirá algo más que discursos; requerirá una investigación seria que deslinde responsabilidades y sancione a los mandos que permitieron el exceso de fuerza. De no hacerlo, el costo político podría ser funesto.
El nudo financiero y la postura federal
A la par del descontento social, el Legislativo enfrenta la presión del Ejecutivo por aprobar un crédito millonario para un nuevo acueducto.
La propuesta, que ronda los 12,000 millones de pesos —con un costo financiero total que alcanzaría hasta los 45,000 millones en un plazo entre 20 y 25 años— ha sido rechazada por la oposición ante el riesgo de comprometer las finanzas públicas para cuando menos tres administraciones más.
La postura de la Presidenta de la República ha sido contundente: rechaza esquemas de financiamiento privado en un servicio tan sensible como el agua y ha anunciado que el gobierno federal, a través de CONAGUA, buscará una solución directa.
Este espaldarazo federal coloca al gobernador en una posición de extrema vulnerabilidad, obligado a negociar y, sobre todo, a transparentar un proyecto que está bajo el escrutinio de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Un problema de gestión, no de escasez
A diferencia de otras regiones del país donde el problema es la falta del recurso, en Jalisco el drama es la negligencia.
El agua contaminada que llega a los hogares, proveniente de la presa Las Pintas y el canal de Atequiza —donde se mezclan aguas residuales industriales y drenajes—, es un riesgo sanitario inaceptable. Los tandeos que inician este jueves son solo el síntoma más visible de un sistema que requiere una cirugía mayor, no solo parches financieros.
Jalisco está ante un momento crítico. La sociedad exige soluciones de fondo, justicia para los agredidos y, fundamentalmente, la garantía de un servicio digno.
La respuesta de Pablo Lemus ante este escenario definirá el rumbo de su sexenio. La historia de Guadalajara no olvidará cómo se gestionó esta crisis, pero sobre todo, no perdonará si la indolencia continúa siendo la respuesta ante la necesidad más básica de la población.
