NECESARIA REVISIÓN DEL PACTO FISCAL
Por Víctor Hugo Celaya Celaya
México enfrenta un escenario desafiante en su relación con Estados Unidos y Donald Trump. Sus propuestas, como el cierre de la frontera, las deportaciones masivas, la imposición de aranceles para contener la migración y el tráfico de fentanilo, y la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, generan una presión sin precedentes para el país.
Sin embargo, en el plano interno, otro reto crucial requiere atención inmediata: la distribución de los recursos federales y su impacto en el desarrollo regional. La desigualdad en la distribución de los recursos ha sido un problema histórico en el país. Mientras entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz aportan el 65% de los ingresos tributarios del país, estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca dependen casi en su totalidad de las transferencias federales. Esta brecha limita las oportunidades de desarrollo en muchas regiones y perpetúa un modelo centralista que dificulta la autonomía financiera local.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, recientemente aprobado, agrava esta situación con reducciones significativas en participaciones federales y gasto en infraestructura. La inversión física para 2025 se fijó en 836,600 millones de pesos, un 12.7% menos que en 2024, lo que representa una disminución de aproximadamente 121,500 millones de pesos. Esta reducción impacta directamente en la capacidad de estados y municipios para financiar obras clave, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al comparar con ejercicios fiscales anteriores, la tendencia de disminución en la inversión pública es evidente, lo que podría agravar aún más las disparidades entre las regiones del país. Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los estados recibirán 1.9 billones de pesos en participaciones en 2025, una cifra apenas superior en términos nominales respecto al año anterior, pero con un decremento en términos reales debido a la inflación.
La solución no radica solo en el gobierno federal, sino también en los congresos estatales y los cabildos municipales, que deben asumir un papel más activo en la defensa de sus necesidades y en la promoción de soluciones que eviten un centralismo asfixiante.
Ante este panorama, diversos actores políticos, empresariales y sociales han impulsado la necesidad de revisar el pacto fiscal vigente. Gobernadores, legisladores y organismos como la COPARMEX han propuesto la convocatoria a una Convención Nacional Hacendaria para actualizar el Convenio de Coordinación Fiscal, vigente desde 1947.
Entre las principales propuestas destacan una nueva fórmula de reparto de recursos que premie los esfuerzos de recaudación locales y fomente la responsabilidad fiscal en todas las entidades, incentivos para modernizar los sistemas fiscales estatales y reducir la dependencia de las transferencias federales, reformas para una mayor transparencia con controles más estrictos sobre el uso de los recursos, y la ampliación de la base de contribuyentes sin necesidad de nuevos impuestos.
La reducción de inversión y la falta de autonomía financiera afectan la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer servicios de calidad y planificar su desarrollo a largo plazo. La solución no radica solo en el gobierno federal, sino también en los congresos estatales y los cabildos municipales, que deben asumir un papel más activo en la defensa de sus necesidades y en la promoción de soluciones que eviten un centralismo asfixiante.
Según datos del INEGI, el 85% de los municipios mexicanos dependen de participaciones federales para operar, lo que demuestra la urgencia de fortalecer sus capacidades recaudatorias y su autonomía financiera.
Además, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los estados con mayor dependencia de recursos federales presentan los índices más altos de pobreza y marginación, lo que refuerza la necesidad de una redistribución equitativa de los ingresos públicos.
En conclusión, la revisión y replanteamiento del actual pacto fiscal es esencial para corregir las desigualdades y garantizar un desarrollo más homogéneo en las distintas regiones de México. Un nuevo acuerdo fiscal debe enfocarse en incentivar la recaudación local, reconocer los esfuerzos fiscales de cada entidad y asegurar una distribución de recursos que responda a las necesidades y potencialidades específicas de cada estado y municipio.
Ante las decisiones del Congreso Federal, los congresos locales y los cabildos municipales deben jugar un papel fundamental en la defensa de sus necesidades y en la promoción de soluciones financieras para su desarrollo, evitando el agobiante centralismo en la distribución de los recursos que hoy afecta a nuestras entidades y municipios.
