CONSEJERÍA JURÍDICA FEDERAL RECOMIENDA A SICT ACATAR RESOLUCIÓN
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, heredó un conflicto marcado por la negligencia de gobiernos pasados.
Por Gabriel Ibarra Bourjac
Después de un litigio de más de 7 años por el incumplimiento de acuerdos previos, los tribunales resolvieron a favor de la Comunidad Indígena de Mezquitán, el Tribunal Unitario en Guadalajara llevará a cabo la ejecución de una sentencia que ordena la elaboración de un avalúo por parte de INDAABIN.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, heredó un conflicto marcado por la negligencia de gobiernos pasados. Un oficio del 14 de mayo de 2025, firmado por el Director Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), indica que esperan un requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para proceder con el avalúo, una respuesta que la comunidad considera otra maniobra dilatoria.
La Consejería Jurídica Federal, sin embargo, ha recomendado acatar la sentencia y avanzar hasta el pago, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria.
Este avalúo servirá de base para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) proceda con el pago de indemnización a la Comunidad Indígena de Mezquitán.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, exige que la SICT ya no siga con los pretextos para cumplir con lo que los órganos judiciales le han ordenado y debe solicitarle a INDAABIN el avalúo y calcular el pago a valor comercial.
UNA HISTORIA DE LA LUCHA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MEZQUITÁN
Durante más de tres siglos, la Comunidad Indígena de Mezquitán, heredera de los Cascanes en Jalisco, ha protegido su legado. Hace 24 años, cedió 27 hectáreas de tierras sagradas para ampliar la carretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto clave para el desarrollo regional.
A cambio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prometió 40 millones de pesos, una compensación que, en 2025, sigue sin cumplirse. Lo que parecía un acuerdo justo se convirtió en un símbolo de la marginación sistemática que enfrentan los pueblos indígenas en México.
Luis Antonio Rocha, abogado de la Comunidad de Mezquitán en su batalla legal contra la SCT, comparte los detalles de esta lucha en entrevista con Legisladores de México. Desde las tácticas dilatorias del gobierno hasta la resistencia inquebrantable de 333 familias, esta historia revela una comunidad que exige justicia y dignidad. A través de este diálogo, exploramos los orígenes del conflicto, los obstáculos enfrentados y el mensaje de esperanza que Mezquitán envía al país.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) actúa con soberbia y cálculo al retrasar el cumplimiento de la sentencia a favor de la Comunidad Indígena de Mezquitán, esperando desgastarla o dividirla”, recrimina el abogado Rocha.
El vocero de la Comunidad de Mezquitán recuerda que han sido siete reuniones sostenidas con funcionario de la “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en ellas “solo ofrece excusas como “no estamos notificados” o “no tenemos instrucciones”, sin proponer conciliación pese a la apertura de la comunidad desde 2017 para negociar un pago justo, actualizando los 40 millones de 2004. La SCT opta por amparos frívolos, desechados tras dos años y medio, incrementando el costo del avalúo, que podría superar los 270 millones por el valor actual de la tierra. Esta negligencia, injusta y costosa, afecta a todos los mexicanos.
LA ENTREVISTA
¿Cómo comenzó este conflicto, y qué se les prometió exactamente?
Gracias, Gabriel. Todo empezó en 2001, cuando la SCT necesitaba ampliar la carretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto estratégico para Jalisco. La Comunidad de Mezquitán, con una historia de más de 335 años, tenía tierras en la ruta: 26.93 hectáreas de suelo sagrado, parte de su identidad los Cascanes con más de tres siglos de historia en Jalisco.
En un acto de buena fe, la comunidad firmó un convenio en 2004, cediendo los terrenos a cambio de 40 millones de pesos, una compensación que incluía beneficios como caminos y escuelas. La SCT pagó un anticipo de 5 millones y prometió cubrir el 50% restante —19.5 millones— en tres meses. Pero esos tres meses se convirtieron en 24 años. Solo dieron un millón más en 2005, y desde entonces, nada. Es una traición descarada a un pueblo que confió en el Estado.
Es inaudito que un convenio firmado hace tanto tiempo siga sin cumplirse. ¿Qué excusas ha dado la SCT para justificar este incumplimiento, y cómo han enfrentado esas tácticas en el litigio?
La SCT ha usado todas las triquiñuelas posibles para evadir su responsabilidad. Primero dijeron que no había presupuesto. Luego, que los documentos del convenio estaban “perdidos” o eran “incompletos”. Incluso han insinuado que la comunidad debería “regalar” las tierras, como si su sacrificio no valiera nada.
En 2016, la directiva de la Comunidad Indígena de Mezquitán me buscó para actuar. Presentamos una demanda en 2017 contra la SCT, la SEDATU y el entonces presidente, exigiendo el pago. Desde el inicio, enfrentamos tácticas dilatorias: la SCT nombró a la Fiscalía General como su representante, y esta argumentó que el caso era “civil” y no “agrario”, a pesar de que la Comunidad Indígena Mezquitán está inscrita en el Registro Agrario Nacional. También alegaron que el derecho había “prescrito”. Son argumentos absurdos, diseñados para desgastar. Pero no nos rendimos. Ganamos en el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario nos dio la razón, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SCT sigue interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Mencionas una victoria en el Tribunal Superior Agrario, pero la SCT y hasta el propio tribunal parecen seguir dilatando. ¿Qué está pasando ahora, y qué falta para que Comunidad Indígena Mezquitán reciba su pago?
Estamos en un limbo burocrático deliberado. La sentencia de diciembre de 2024 es firme: no hay más recursos legales que la SCT pueda interponer. El Tribunal Superior Agrario debe ordenar al INDAABIN realizar un avalúo a valor comercial —que, a diferencia de los 40 millones de 2004, podría superar los mil pesos por metro cuadrado, dado que son terrenos junto a una carretera clave—. Pero el tribunal ha dado excusas ridículas: que “no saben si hay un amparo”, que “no han recibido el expediente”, a pesar de que les hemos mostrado la sentencia. Hace cuatro meses, desde enero de 2025, estamos atrapados en esta farsa. El Séptimo Tribunal Colegiado en Zapopan ya confirmó que la sentencia es firme, pero el Tribunal Superior sigue sin actuar. Es una burla. Cada día de retraso aumenta el valor del pago, pero también la frustración de la comunidad. Lo único que falta es que el tribunal ordene el avalúo y la SCT pague. No hay excusas legales; solo falta voluntad.
Este caso no es solo legal; es profundamente humano. ¿Cómo ha vivido la comunidad de Mezquitán estos 24 años de espera, y qué significa esta lucha para ellos?
Para la Comunidad Indígena Mezquitán, esto es más que dinero; es una cuestión de dignidad y supervivencia. La comunidad está formada por 333 familias, unas 3,000 personas, muchas lideradas por mujeres y adultos mayores.
Esas 27 hectáreas no eran solo tierra; eran su patrimonio, su conexión con la madre tierra, donde cultivaban nopales, ciruelos y mangos. Al cederlas, confiaron en que el pago les traería escuelas, clínicas, caminos.
En cambio, viven en la marginación, en casas sin servicios básicos, cerca de la Barranca de Huentitán, tras siglos de expropiaciones que los desplazaron desde José María Vigil hasta el periférico. Muchos ancianos que firmaron el convenio han muerto esperando. Sin embargo, su resistencia es inspiradora. En asambleas, mujeres, jóvenes y líderes como los de la mesa directiva se reúnen, recordando que esta lucha es por sus hijos y nietos. Han hecho manifestaciones pacíficas en las oficinas de la SCT y en la carretera, sin bloquear, solo exigiendo lo que les pertenece. Su mensaje es claro: no se rendirán.
Hablas de una comunidad desplazada históricamente, desde el cementerio de Mezquitán hasta la Barranca. ¿Crees que este caso refleja un racismo estructural contra los pueblos indígenas?
Absolutamente. Este no es un error administrativo; es un reflejo de cómo el Estado sigue tratando a los indígenas como ciudadanos de segunda. La Comunidad Indígena Mezquitán no recibió esas tierras como “dádiva”; las compraron y las han defendido por 335 años. La SCT nunca se atrevería a ignorar un convenio con una empresa privada por 24 años. Pero con una comunidad indígena, actúan con soberbia, asumiendo que no tienen el poder para pelear. Es racismo institucional, disfrazado de burocracia. Y no es solo la SCT; la SEDATU y hasta el Tribunal Superior Agrario, con sus retrasos, perpetúan esta marginación. Pero la Comunidad Indígena Mezquitán está rompiendo ese ciclo, mostrando que los pueblos originarios tienen derechos y los harán valer.
En 2025, México presume avances en derechos indígenas, con reformas como la consulta obligatoria. ¿Puede este caso sentar un precedente para otros pueblos, y qué papel juega la comunidad en este proceso?
Este caso tiene un potencial transformador. Si logramos que la SCT pague, será un precedente legal para decenas de comunidades indígenas que enfrentan incumplimientos similares por tierras, agua o recursos. La sentencia del Tribunal Superior Agrario refuerza que los convenios con pueblos originarios son vinculantes, sin necesidad de expropiaciones innecesarias. Más allá de lo legal,la Comunidad Indígena Mezquitán es un símbolo de resistencia. Sus asambleas, donde todos —mujeres, ancianos, jóvenes— deciden juntos, son un modelo de organización.
La comunidad no solo me guía como abogado; es el corazón de la lucha. Con el respaldo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y organizaciones civiles, estamos demostrando que los indígenas pueden ganar contra el Estado. Este caso podría inspirar a otros a exigir justicia, aprovechando el marco legal de la 4T, que, aunque imperfecto, ofrece herramientas como la consulta indígena.
Has mencionado la soberbia de la SCT y la falta de conciliación. ¿Por qué crees que evitan negociar, y qué han propuesto ustedes para resolver esto?
La actitud de la SCT es una mezcla de soberbia y cálculo. Saben que perdieron el caso, pero creen que pueden desgastar a la Comunidad Indígena Mezquitán con retrasos, esperando que la comunidad se desespere o se divida. En las siete reuniones que hemos tenido en sus oficinas, solo ofrecen excusas: “No estamos notificados”, “No tenemos instrucciones”. Nunca han propuesto una conciliación, a pesar de que desde 2017 les hemos dicho que estamos abiertos a negociar un pago justo, incluso cediendo en algunos puntos. Podríamos acordar un valor mutuo, actualizar los 40 millones con un avalúo razonable, y cerrar el caso. Pero ellos prefieren litigar frívolamente, como con los amparos que les costaron dos años y medio y fueron desechados. Esta negligencia no solo es injusta; es costosa. Mientras más tiempo pase, el avalúo crecerá —hoy podría superar los 270 millones, dado el valor actual de la tierra—. Es una irresponsabilidad que pagaremos todos los mexicanos.
La comunidad ha mostrado paciencia, pero también frustración. ¿Qué mensaje envías a los jaliscienses y a las autoridades sobre cómo apoyar a Mezquitán?
A los jaliscienses, les digo: esta lucha es de todos. La carretera Guadalajara-Saltillo, que usamos a diario, se construyó con el sacrificio de la Comunidad Indígena Mezquitán. No podemos ignorar su dolor. Apóyenlos compartiendo su historia, asistiendo a sus asambleas, o exigiendo en redes que la SCT cumpla. A las autoridades, especialmente a la SCT y al Tribunal Superior Agrario, les pido: dejen de esconderse detrás de pretextos. Ordenen el avalúo, paguen lo que deben, y respeten la dignidad de la Comunidad Indígena Mezquitán. Y a la comunidad, mi compromiso: no pararemos hasta que se haga justicia. Su resistencia es un orgullo para Jalisco y México.
Luis Antonio, gracias por tu claridad y pasión. ¿Un mensaje final para los lectores?
Que nadie olvide: Mezquitán no pide favores; exige su derecho. Hace 24 años entregaron sus tierras, y la carretera está ahí, beneficiando a millones. Ahora es turno de la SCT de cumplir. Como dicen en la comunidad: “La tierra no miente, y la justicia siempre encuentra su camino”. Sigamos luchando juntos.
