LA IMPUNIDAD CON CARA DE MORENA
En el gobierno de Peña Nieto fueron llevados ante la justicia 12 gobernadores.
Por Raúl Cantú
¿Cómo entender la narrativa del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en la lucha contra la corrupción, si en seis años de gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador no hay en la cárcel al menos un gobernador o ex gobernador morenista que haya sido detenido y procesado por malos manejos de los recursos públicos?
¿Se acabó la corrupción de un sexenio a otro? ¿Los gobernadores de la Cuarta Transformación fueron vacunados para que este mal endémico que ha alcanzado a la administración pública México no los contagiara?
¿Cuál será el comportamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores y ex funcionarios del anterior gobierno que han sido denunciados por corrupción o complicidades con el crimen organizado como Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos y hoy diputado federal? ¿Será tan complaciente como su padrino político que le antecedió?
LA PROMESA DE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN
Durante su campaña y a lo largo de los seis años de gobierno, el tabasqueño López Obrador basó su discurso contra la corrupción.
En la presentación de su último informe de gobierno, el presidente López Obrador, aseveró como un triunfo de su administración “haber cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo”.
En el aniversario del Colegio de México (COLMEX) cuando se cumplía el segundo año de su gobierno, el presidente López Obrador les recomendó a los académicos dar más atención a los estudios sobre la corrupción en el país. “Creo que esa es una asignatura pendiente, no solo del Colegio de México, es en general”, subrayó.
López Obrador dijo que su gobierno “no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando”.
En ese año y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, volvió a reiterar que desde el inicio de su gobierno buscará acabar con este delito, toda vez que ha sido parte importante de la crisis en México, y a la vez pidió a su gabinete evitar casos como el de Emilio Lozya y Genaro García Luna, pues “eso sería una gran decepción, una traición a la patria”.
“He sido muy claro que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismos, influyentismo, nepotismo, ninguna clase de lacras de la política, y hemos actuado con honestidad, y lo vamos a seguir haciendo”, remarcó.
Mexicanos contra la corrupción, está convencido que a pesar de las promesas del político tabasqueño de erradicar las prácticas corruptas, los mecanismos y redes de corrupción no sólo se han perpetuado, sino que han adquirido nuevas rostros y beneficiarios.
Y recuerda un episodio emblemático ocurrido el 31 de agosto de 2019, un día antes de su primer informe de gobierno. Muy seguro, el presidente afirmó que se había ganado la batalla contra la corrupción y en esa ocasión sacó su pañuelito blanco para afirmar “ya no hay corrupción arriba”.
Pero antes de que transcurriera un año de esa proclama presidencial, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que revelaba el que sería el caso de corrupción más emblemático y grande de sus sexenio: los desvíos de más de 15 mil millones de pesos destinados a los programas alimentarios para los pobladores más vulnerables, ejecutados por medio de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). MCCI denuncia que el caso sigue impune, toda vez que quien fuera su titular, Ignacio Ovalle no fue investigado, por el contrario fue premiado con otro puesto en la Secretaría de Gobernación.
López Obrador dijo que su gobierno “no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando”.
13 GOBERNADORES DE MORENA SEÑALADOS
De acuerdo a investigaciones periodísticas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, al menos 13 gobernadores han sido señalados de los mismos actos de corrupción que se hicieron en la época de Enrique Peña Nieto, pero lo sorprendente es que de estos 13 mandatarios estatales, ninguno de ellos está siendo procesado, investigado o detenido, indica Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
¿Qué diferencia hay entre los gobernadores del PRI que fueron denunciados, detenidos, procesados y declarados culpables de cometer ilícitos que los 13 de Morena que públicamente han sido señalados de cometer los mismos ilícitos? ¿Son iguales, son mejores o son peores?, pregunta Mexicanos Contra la Corrupción.
¿SERÁ CUAUHTÉMOC BLANCO EL PRIMERO EN CAER?
Cuatro denuncias presentó el Gobierno del Estado de Morelos que encabeza Margarita González de Morena, contra el ex futbolista y ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, por presuntas irregularidades cometidas en el gasto de 40 millones de pesos del presupuesto estaral.
La gobernadora González Moreno presentó cuatro denuncias penales y dos administrativas y al parecer estas primeras denuncias podría ser la punta de la madeja de las corruptelas que se cometieron en ese gobierno.
Cuauhtémoc Blanco sobre estos señalamientos ha guardado silencio, quien se siente protegido por el fuero que le permite la diputación federal.
Entre 2019 y 2023, años en que el ex centro delantero de la Selección Mexicana de Futbol gobernó Morelos la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades en el gasto del gobierno estatal de 3,269 millones de pesos por parte de diversas dependencias estatales dependientes del ejecutivo, destacando la Secretaría de Hacienda, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, Servicios de salud de Morelos, o la Comisión estatal de Agua.
RUBÉN ROCHA MOYA, GOBERNADOR BAJO SOSPECHA
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta diversas acusaciones de corrupción, abuso de poder y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las acusaciones contra el actual gobernador de Sinaloa se centran en sus presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico:
A Rocha Moya se le han hecho acusaciones de tener nexo con el narcotráfico, de haber sido financiada su campaña para la gubernatura de dinero del crimen organizado, concretamente de Ismael “Mayo” Zambada y posteriormente aliarse con el Grupo de Los Chapitos.
Sinaloa vive una severa crisis de violencia provocada por disputas internas entre los dos grupos del Cártel de Sinaloa.
El gobernador sinaloense ha rechazado estas acusaciones y ha señalado que son parte de una campaña de desprestigio en su contra, pero la percepción de la ciudadanía sinaloense es que está implicado con estos grupos criminales.
A Rocha Moya de la misma forma lo señalan de estar implicado en el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda el 25 de julio de 2024, ex rector de la universidad Autónoma de Sinaloa.
Rocha Moya ha rechazado estas acusaciones de haber participado en el asesinato de Cuén y ha solicitado a la Fiscalía General del Estado una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.
Morena enfrenta el desafío de dar respuesta a estas acusaciones, ya que si protege a estos dos personajes, chocan con lo que han pregonado de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Peña Nieto, la nueva generación del PRI.
DOCE GOBERNADORES DETENIDOS
EN EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO
Entre el 2012 y el 2018, durante el sexenio que encabezó el presidente priista Enrique Peña Nieto, 12 gobernadores fueron sujetos de procesos judiciales, de los cuales 10 del PRI, por una diversidad de delitos, desde desvío de recursos públicos, lavado de dinero, narcotráfico, abuso de funciones, nepotismo, entre las principales acusaciones.
Todos ellos siguieron un proceso judicial, unos terminaron en prisión preventiva, otros más privados de su libertad durante varios años, otros más tuvieron que pagar multas, pero todos fueron llamados ante la justicia.
En el 2012, cuando iniciaba su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto, compartió una fotografía con varios gobernadores que él llamó “El nuevo PRI”, en la cual mostraba a una nueva generación de políticos que en su visión serían los que vendrían a transformar a México. “Aquellos que suponen que hay un PRI que buscando regresar para revivir aquellas prácticas del pasado creo que se equivocan”, declaró.
“Son jóvenes o actores de la nueva generación política de la que forman parte el gobernador de Quintana Roo, Beto (Roberto) Borges; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua”, dijo Peña Nieto.
De aquel nuevo PRI, cinco gobernadores pisaron la cárcel.
Ellos son el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que estuvo prófugo de la justicia desde 2017, acusado de peculado y desvío de recursos públicos en su periodo comprendido desde 2010 a 2016 y fue detenido cuatro años después en Florida y extraditado en junio del 2022.
Javier Duarte, gobernador de Veracruz fue otro de los casos escandalosos, quien gobernó aquella entidad de 2010 a 2016 y fue detenido en 2017 en Guatemala, bajo la acusación de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ocho años después se encuentra detenido en el Reclusorio Norte.
Roberto Borge fue otro de los entonces gobernadores que presumió Enrique Peña Nieto, fue acusado de abuso de poder y desempeño irregular de la función pública en su periodo de gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016, se encuentra preso en el estado de Morelos.
Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit de 2009 a 2015, fue requerido por la justicia acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y desde 2021 está preso en el Penal del Rincón en Nayarit.
Rodrigo Medina gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015, forma parte de esta lista, fue acusado por peculado y delitos contra el patrimonio estatal, al ser descubiertas irregularidades en incentivos a una armadora automotriz, aunque estuvo detenido durante 24 horas, sin pisar el reclusorio.
Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco de 2012 a 2018 fue asesinado en Puerto Vallarta el 18 de diciembre del 2020, dos años después de haber terminado su gestión como titular del Poder Ejecutivo de Jalisco.
Guillermo Padrés Elías, gobernador panista del Estado de Sonora enrre 2009 y 2015, fue acusado, investigado y procesado, quien gobernó el Estado de Sonora, fue acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, se entregó a las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra y después de estar privado de la libertad durante dos años, salió de prisión al pagar una multa de 40 millones de pesos.
En el sexenio anterior fueron detenidos Tomás Yarrinton, ex gobernador de Tamaulipas, quien estaba en Italia con un nombre falso, fue detenido en 2017 y trasladado a Estados Unidos y sentenciado por delitos de lavado de dinero donde purgó una pena de seis años de prisión para ser liberado el pasado año.
Tomás Yarrinton, priista, gobernó en Tamaulipas de 1999 a 2004 y estuvo en el centro Penitenciario Thomson, en Illinois.
CRECIÓ PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN DE 2018 A 2024
MÉXICO EN EL LUGAR 140 DE 180 NACIONES
Las organizaciones Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana dieron a conocer el índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2024 de todo el mundo en el que México aparece con una calificación de 26 puntos de 100, lo que ubica al país en el puesto 140 de 180 naciones.
México cayó dos puntos – de 28 a 26, en una escala de 100 puntos- con respecto a 2018, que fue el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha sido calificado como uno de los peores sexenios en materia de corrupción en la era moderna.
Estos resultados colocan a México en el último lugar de los 38 países evaluados que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Las organizaciones de Transparencia consideran que estos resultados se atribuyen a presuntos casos de corrupción a nivel estatal que vinculan a los gobiernos locales con el crimen organizado, y a que instituciones fiscalizadoras han detectado empresas fantasmas en donde tienen injerencia los grupos delictivos y que son contratados por los mismos gobiernos.
Hay otros factores que señalan Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana que inciden en esta caída de calificación del gobierno mexicano, como son las reformas promovidas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
La reforma al Poder Judicial de la Federación, con la que se elegirán a ministros, jueces y magistrados a través del voto popular, también genera incertidumbre sobre la corrupción, señalan estas organizaciones.
MINIMIZA LA PRESIDENTA RESULTADOS
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el pueblo de México tiene una percepción diferente sobre la corrupción en el país y que antecesor concluyó su sexenio con una aprobación de 80%.
Luego de que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) colocó a México en su peor nivel desde 2012, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el pueblo mexicano tiene una concepción diferente y que la reducción de la corrupción en el país se observa en proyectos estratégicos y programas sociales.
“Afortunadamente la percepción de la gente es distinta. Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi, del 2018 al 2024, sin una reforma fiscal; se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción”, dijo la mandataria federal en su conferencia matutina.
Todavía hay espacios ahí donde podemos seguir rescatando recursos pero hay un avance muy importante. Cómo se pueden explicar las obras estratégicas que se hicieron, los programas del bienestar, la reducción de nueve millones de personas de la pobreza sin una reforma fiscal”, añadió.
“Evidentemente lo que hay es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y de servicio al pueblo y vamos a continuar”, reiteró.
No obstante, para la jefa del Ejecutivo federal, la calificación final la tiene el pueblo de México.
“Si hubiera habido un régimen de corrupción, Andrés Manuel López Obrador no hubiera salido con una calificación de 8 de 10 (puntos), así de sencillo”, remató.
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana también señalan otros factores como las reformas promovidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
La reforma al Poder Judicial de la Federación, con la que se elegirán a ministros, jueces y magistrados a través del voto popular, también genera incertidumbre sobre la corrupción, detallan las organizaciones.
Estos resultados colocan a México en el último lugar de los 38 países evaluados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
