JUAN FRANCISCO TREVIÑO: EL SECTOR DE GRÚAS, VÍCTIMAS DE SOBRE-REGULACIÓN Y ABUSO
Se debe reclasificar las grúas, ajustar tarifas, regular corralones y combatir la piratería con sanciones severas a cómplices oficiales.
Por Raúl Cantú
El sector de grúas de arrastre y salvamento en México enfrenta una victimización sistémica por parte de autoridades y otros gremios del transporte, una problemática que se arrastra desde los años 90 con la regularización del autotransporte.
Juan Francisco Treviño, exdirigente durante cinco años del sector de grúas en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y actual asesor de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), denuncia una sobre-regulación que desnaturaliza la esencia de este servicio especializado.
En una entrevista exclusiva con Revista Legisladores de México, Treviño destapa las heridas de un gremio olvidado, marcado por discriminación, abusos y la amenaza de grúas piratas, al tiempo que propone reformas legislativas para su rescate.
Treviño señala que la incomprensión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) agrava la situación. Mientras otros sectores del transporte solo requieren un camión adaptado y su registro para operar, las grúas demandan inversiones millonarias y estrictos requisitos: al menos cuatro unidades (tipos A, B, C y D, esta última con tractocamión de menos de tres años), modificaciones que anulan garantías de fábrica, y un lote de 5,000 m² con barda, oficina, piso compactado, iluminación y equipo de comunicación. «La SICT no reconoce el esfuerzo económico ni la especialización que esto implica», critica.
Discriminación Histórica y Falta de Reconocimiento
Desde los años 90, el sector ha sido clasificado erróneamente como un servicio auxiliar, no como transporte especializado de carga, a pesar de que implica maniobras complejas y operadores altamente capacitados, a diferencia de conductores de carga o pasaje.
«Otros servicios auxiliares, como terminales, no mueven mercancía, mientras nosotros salvamos vidas y despejamos vías», argumenta Treviño. Esta falta de reconocimiento expone a los operadores a riesgos constantes—accidentes, robo de equipo—y a una percepción pública de que sus tarifas, reguladas por ley, son excesivas.
El paso de Juan Francisco Treviño por Canacar, donde intentó sin éxito resolver el rezago tarifario de 15 años, lo marca como una etapa perdida. Sin embargo, recapacitó e impulsó la creación de AGRUAS bajo el liderazgo de Enrique Dueñas Rodríguez, un organismo independiente para defender al sector. «Canacar nos discriminó, y AGRUAS busca reclasificar las grúas como transporte especializado, combatir la sobre-regulación y el menosprecio», explica. Sin embargo, enfrenta resistencia del statu quo y la indiferencia oficial.
Corralones: Un Lastre Económico
Un dolor de cabeza adicional son los corralones, donde vehículos abandonados se acumulan por años, generando costos insostenibles para permisionarios—mantenimiento, reacomodos, seguros—.
Treviño critica una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, impulsada por exdirigentes de Canacar como José Refugio Muñoz y Juan Carlos Muñoz, que despojó a los permisionarios del derecho a vender estos vehículos, beneficiando al gobierno federal y al transporte de carga.
(AGRUAS), presenta una revisión crítica de la problemática que envuelve al sector de las grúas y plantea una serie de reformas legislativas.
El sector de grúas, vital para la seguridad vial y la economía, sigue luchando por su lugar. Con una historia de resiliencia, Treviño ve en AGRUAS una luz de esperanza.
«Los requisitos son incumplibles, y los remates, opacos», denuncia, citando el caso de Agua Prieta, Baja California, donde una familia López mantiene un depósito con una capilla donde yace su fundador, «cuidando» vehículos no reclamados, un símbolo del abandono institucional.
Propone reformar la ley para reclasificar las grúas y reconocer los corralones como servicios auxiliares, permitiendo a permisionarios recuperar costos tras un plazo razonable—cinco años—con ventas públicas transparentes en el Diario Oficial. «Deben compensarse con el producto de la venta o chatarrización», insiste, destacando la injusticia de subsidiar al Estado con su trabajo.
Grúas Piratas y Abuso de Autoridad
Las grúas piratas, operadas con la complicidad de malos servidores públicos—oficiales de tránsito, Policía Federal y Guardia Nacional—son un cáncer nacional. Desde el sexenio de Vicente Fox, se implementaron «consignas» verbales para no registrar accidentes, manipulando estadísticas y enriqueciendo a corruptos que negocian con usuarios a cambio de «gratificaciones». Permisionarios legales, obligados a cumplir con seguros, tarifas oficiales e inspecciones anuales, enfrentan amenazas de sanciones o pérdida de permisos si exigen órdenes escritas, mientras las piratas cobran arbitrariamente sin garantías.
Treviño denuncia una discriminación judicial: usuarios extorsionados carecen de protección, y permisionarios legales pierden ingresos. «La SICT y fiscalías ignoran a transportistas ilegales, devolviéndoles unidades para actividades ilícitas», acusa, contrastando con las inspecciones anuales y sanciones automáticas que sufre el sector, a diferencia de otros como el transporte de migrantes, donde las irregularidades pasan desapercibidas.
Propuestas de Reforma y Esperanza
Treviño aboga por una reforma integral: reclasificar las grúas, ajustar tarifas, regular corralones y combatir la piratería con sanciones severas a cómplices oficiales. «Necesitamos un marco legal que reconozca nuestro rol y nos proteja», concluye. A pesar de los obstáculos, AGRUAS ha avanzado en visibilizar la problemática, pero el cambio depende de voluntad política y presión social.
El sector de grúas, vital para la seguridad vial y la economía, sigue luchando por su lugar. Con una historia de resiliencia, Treviño ve en AGRUAS una luz de esperanza.
Aunque advierte: sin acción legislativa, el gremio seguirá siendo rehén de la burocracia y la corrupción. Esta lucha no solo es por los permisionarios, sino por un transporte más justo y eficiente en México.
LA PROPUESTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN
Juan Francisco Treviño propone las siguientes reformas para dar certidumbre a los permisionarios y proteger a los automovilistas:
Reclasificación del servicio:
Reconocer a las grúas como transporte especializado de carga y al depósito de vehículos como servicio auxiliar.
Justa retribución:
Garantizar el derecho constitucional de los permisionarios a una retribución justa por su trabajo, incluyendo los costos de custodia en corralones.
Permitir que los vehículos abandonados por más de cinco años se adjudiquen al permisionario tras un proceso transparente, para compensar los gastos acumulados.
Reglas claras y sanciones efectivas:
Establecer regulaciones cumplibles y sanciones drásticas para autoridades que abusen de su poder o permitan grúas piratas.
Permitir a ciudadanos documentar abusos con fotos o videos y subirlos a redes sociales sin represalias, para exigir rendición de cuentas.
Protección contra el crimen organizado:
Reconocer las pérdidas de permisionarios víctimas de la delincuencia (como asesinatos o quema de unidades) y garantizar la continuidad de sus permisos.
