JUAN FRANCISCO TREVIÑO
La distorsión de la ley de amparo y el perjuicio a los empresarios de grúas.
Por Gabriel Ibarra Bourjac
En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.
Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.
Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución. Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad.
Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.
Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.
En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.
Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?
Es un error grave que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas.
Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.
Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?
Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.
Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?
Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.
Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?
Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.
Juan Francisco Trevio.
Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?
Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.
¿Y qué tan extendido está este problema?
Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución. Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?
¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?
Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.
Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?
Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.
Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.
