PROPUESTA
La iniciativa de Enrique Dueñas busca transformar un problema crónico en una oportunidad para la economía circular y la dignificación del sector de grúas.
Por Raúl Cantú
En México, las empresas de grúas que prestan servicios de arrastre y resguardo de vehículos, como Grúas Dueñas, enfrentan un problema significativo: los vehículos que son llevados a depósitos (tras accidentes, decomisos o abandonos en vía pública) a menudo no son reclamados por sus propietarios. Estos vehículos se acumulan durante años, generando costos de almacenamiento y mantenimiento para los permisionarios, además de convertirse en un riesgo ambiental y de seguridad pública.
En la entrevista, Enrique Dueñas Rodríguez, presidente de Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUA), expone dos problemas principales:
Los procesos burocráticos en los ministerios públicos para liberar vehículos (por ejemplo, tras un accidente o decomiso) son extremadamente lentos. Esto, sumado a las multas acumuladas, desincentiva a los propietarios a reclamar sus autos, especialmente si son vehículos de bajo valor económico o «chatarra».
Miles de autos acumulados en corralones generan pérdidas económicas, riesgos ambientales y problemas de seguridad, saturando los depósitos de grúas en México.
Como resultado, los depósitos se saturan de autos que nadie reclama, dejando a los permisionarios con deudas impagadas por los servicios de arrastre y resguardo.
Los vehículos abandonados se convierten en focos de infección, refugios para plagas y personas en situación de calle, y representan un riesgo de incendios debido a los materiales inflamables (como gasolina o plásticos). Esto no solo afecta a los depósitos, sino también a las comunidades cercanas.
El tema abordado en la entrevista sobre la lucha por un nuevo marco jurídico para el sector de grúas en México, específicamente por parte de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUA), liderada por Enrique Dueñas Rodríguez, refleja una problemática de larga data que afecta tanto a los permisionarios como a la sociedad en general.
PROPUESTA DE REFORMA AL MARCO JURÍDICO
AGRUA, bajo el liderazgo de Dueñas Rodríguez, busca impulsar una reforma legislativa que aborde estos problemas de manera integral. Los cambios específicos que proponen son:
Establecer un plazo máximo de resguardo: Proponen que, si un vehículo no es reclamado en un plazo de dos años (por el propietario, una aseguradora u otra entidad), se considere oficialmente abandonado. Esto permitiría a los permisionarios proceder a su disposición final, ya sea mediante la venta de piezas útiles o el reciclaje de la chatarra.
Enrique Dueñas argumenta que dos años es un tiempo razonable para determinar si un vehículo ha sido abandonado, especialmente porque los autos de valor suelen ser liberados rápidamente.
Buscan que los ingresos generados por la disposición de estos vehículos (a través de subastas de piezas o reciclaje) permitan a los permisionarios recuperar los costos del arrastre y resguardo, respetando su derecho a una compensación justa por su trabajo.
Proponen un sistema que permita darle un uso benéfico a la chatarra, como reciclar materiales o recuperar refacciones útiles, en lugar de mantener vehículos inservibles ocupando espacio indefinidamente. Esto también ayudaría a mitigar los riesgos ambientales y de seguridad pública que generan los depósitos saturados.
ANTECEDENTES: LA LEY DE 2013 Y SU IMPACTO
Dueñas Rodríguez menciona una ley de 2013 que permitió a la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), ahora parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), subastar los vehículos abandonados en depósitos. Sin embargo, esta medida fue profundamente injusta para los permisionarios:
COMPENSACIÓN IRRISORIA
La ley estipulaba que las empresas de grúas recibieran solo un peso por kilo de chatarra, lo que Dueñas califica como «una burla». Este monto no cubría ni remotamente los costos asociados al arrastre, resguardo y mantenimiento de los vehículos, dejando a los permisionarios en una situación de indefensión económica.
La implementación de esta ley fue irregular, según Dueñas, y no respetó los derechos de los permisionarios a una compensación justa. Aunque permitió vaciar algunos depósitos, no resolvió el problema de fondo y dejó a muchos empresarios en una situación precaria.
Actualmente, no existe un plazo establecido por la ley para considerar un vehículo como abandonado, lo que perpetúa la acumulación de autos en los depósitos y agrava los problemas asociados.
El sector de grúas en México opera bajo un esquema de permisos otorgados por la SICT para servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos. Sin embargo, las regulaciones actuales no abordan de manera efectiva el problema de los vehículos abandonados, un desafío que también enfrentan otras industrias relacionadas, como los corralones de tránsito. Según estimaciones generales (basadas en reportes de prensa y asociaciones del sector), miles de vehículos permanecen en depósitos a nivel nacional, algunos por más de una década, generando pérdidas económicas y problemas sociales.
En 2019, la SICT reportó que había más de 50 mil vehículos en depósitos federales, muchos de ellos abandonados, y se estima que el número ha crecido desde entonces. Esto ha llevado a iniciativas locales en algunos estados, como la Ciudad de México, donde se han implementado programas para subastar vehículos abandonados, pero a nivel nacional aún falta una solución integral.
IMPLICACIONES Y BENEFICIOS DE LA REFORMA PROPUESTA
La reforma que impulsa AGRUA podría tener impactos positivos en varios niveles:
1) Económicos: Permitiría a los permisionarios recuperar los costos de su trabajo, evitando que el resguardo de vehículos abandonados se convierta en una carga financiera insostenible.
2) Ambientales: La disposición adecuada de la chatarra reduciría los riesgos de contaminación (por ejemplo, derrames de líquidos tóxicos como aceite o gasolina) y fomentaría el reciclaje, alineándose con prácticas de economía circular.
3) Sociales y de seguridad: Al limpiar los depósitos, se eliminarían focos de infección y riesgos de incendios, mejorando las condiciones de las comunidades cercanas a estos patios.
4) Legales: Establecer un plazo claro de dos años para considerar un vehículo abandonado daría certeza jurídica tanto a los permisionarios como a las autoridades, agilizando los procesos de liberación o disposición de los autos.
ESFUERZOS DE AGRUA PARA DIGNIFICAR EL SECTOR
Además de esta lucha por un nuevo marco jurídico, AGRUA ha impulsado otras iniciativas para profesionalizar y dignificar el trabajo de las empresas de grúas. Un ejemplo destacado es la Expo Grúas, un evento anual que va por su cuarta edición y que reúne a fabricantes de vehículos, equipos de grúa y proveedores, creando un espacio de conexión comercial y celebración del gremio. Este tipo de esfuerzos refleja el compromiso de líderes como Enrique Dueñas Rodríguez no solo con su propia empresa, sino con el sector en su conjunto.
La lucha de AGRUA por un nuevo marco jurídico es un llamado a la justicia y la sostenibilidad en un sector que presta un servicio esencial a la sociedad. La acumulación de vehículos abandonados no solo afecta a los empresarios de grúas, sino que genera problemas ambientales, de seguridad y económicos que requieren una solución urgente.
La propuesta de establecer un plazo de dos años para considerar un vehículo abandonado, junto con un mecanismo justo de disposición que beneficie a los permisionarios, es un paso necesario para modernizar la regulación del sector. Mientras tanto, empresas como Grúas Dueñas, con 90 años de historia, siguen siendo un ejemplo de resiliencia y compromiso con el servicio, no solo en Jalisco, sino en todo México.
