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Guadalajara
8 de julio de 2024
OPINIÓN

La propuesta del presidente de reforma al Poder Judicial

TODOS LOS ORGANISMOS REQUIEREN CAMBIOS

Por Luis Enrique Villanueva Gómez

En contexto, hace unos días, para ser más exactos el 5 de febrero del año en curso y con motivo del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 propuestas de reformas constitucionales, que a su consideración y fundamento explica son necesarias y obligadas para los tiempos presentes, pero por demás pretenden devolverle la grandeza que alguna vez tuvo la Constitución.

De estos proyectos se encuentran una diversidad de temas como lo son de orden laboral, energético, seguridad pública, seguridad social, impulso y desarrollo profesional de jóvenes, prohibición del maltrato animal, reconocimiento a comunidades indígenas, entre otras más. Sin embargo, aquella que es materia del presente análisis y en esencia controvertida por las divergentes opiniones, se centra en el campo de la administración pública, particularmente en la reforma para el Poder Judicial de la Federación tanto en lo horizontal (ejemplo: Consejo de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juzgados de Distrito), como probablemente y a modo de premonición en lo vertical (entidades federativas y locales en sus respectivas instituciones de impartición de justicia).

Dice la oposición política en sus primeras manifestaciones mediante redes sociales y otros medios de comunicación, que existen varias cosas a tomar en cuenta. Primeramente, que están de acuerdo con algunas modificaciones (no todos los puntos ni la mayoría de las 20) pues son necesarias para el bienestar, principalmente las enfocadas en los derechos sociales. No obstante, denuncian una incongruencia con sus intenciones, pues aquellas áreas de atención prioritaria que hoy pretende garantizar el Presidente, en su momento fueron señaladas y no se tomaron cartas en el asunto. Un segundo punto radica en la poca viabilidad y factibilidad de estas, pues algunas de ellas, por mencionar un ejemplo en materia económica, salarios y pensiones no cuentan con la monetización suficiente para llevarlas a cabo, lo que hace dudar si las otras tienen vida. Y es que, al hacer un análisis del discurso de las diversas opiniones políticas, encontramos un patrón argumentativo que genera el tercer aspecto, el cual esta apuntando (sin demeritar otras contiendas electorales) a los procesos de campaña presidenciales de este 2024.

¿Es realmente obligado transformar al Poder Judicial según la propuesta de reforma?

El proyecto de reforma para el Poder Judicial al igual que los otros 19 y no menos importantes, requieren de sustentarse en mayores estudios y análisis, ya que la multiplicidad de argumentos tanto a favor como en contra parecen surgir desde la perspectiva política y los intereses particulares.

Cierto es que todas las cosas al paso del tiempo sufren o se adaptan a los cambios del entorno, por lo que no se podría asegurar a futuro que el actual Poder Judicial en los distintos niveles seguirá estático en sus mecanismos de operación y gobernabilidad. Es como asegura el reconocido sociólogo y filosofo Zygmunt Bauman en su “Modernidad Liquidad” no toda institución es rígida, por el contrario, la necesidad de subsistir hará que su base administrativa “sólida” tenga que ser flexible y reconfigurarse.

Lo anterior conduce a una simple idea y que el paso de los años ha demostrado, en especial desde el siglo XXI, pues el sistema judicial ha estado abierto a mejorar y reacondicionarse para garantizar el Estado de derecho, la paz social y su principal función que es la impartición y acceso a la justicia como derechos humanos. A título ilustrativo tenemos los datos proporcionados por el World Justice Project en su índice del Estado de derecho en México 2022-2023 (información más reciente), que de las 32 entidades federativas solamente 3 tuvieron un minúsculo (y se tilda esta palabra) retroceso a su labor judicial, mientras que las otras se mantuvieron (10 entidades) o mejoraron (19 entidades) en atención a las métricas comparativas de 2021-2022 a 2022-2023. Lo que nos lleva a interpretar en la generalidad, que existen avances, aunque ligeros, si constantes, y más si se considera la crisis sanitaria por Covid-19 en 2020 que vino a desestabilizar todos los sistemas de gobierno, tanto locales como federales. Por lo que no se pueden desacreditar estos resultados del actual sistema que se sobrepuso a esta temporalidad atípica.

Es cierto y no pasa desapercibido por el autor, que el Poder Judicial al igual que sus análogos enfrentan problemáticas y retos de toda índole. De hecho, la organización sin fines de lucro “México como vamos” es tajante al decir que, en nuestro país, el 67.6% de la población percibe a las instituciones encargadas de impartición de justicia como corruptas, por lo que se reitera el fortalecimiento de este poder en este aspecto ya que es un tema pendiente, más no olvidado. Pero justamente y con relación al fondo del asunto, es que la comunidad de expertos de “México como vamos” se adjunta a nuestra opinión con relación a la propuesta de reforma al Poder Judicial de este 2024, que en síntesis lo más relevante propone que los funcionarios de altos rangos (ministros, magistrados y jueces) se sometan a elección popular. Parafraseamos a “México como vamos” y compaginamos en que la solución no se encuentra en los procesos de elección de altos funcionarios judiciales, ya que existe doctrina y sustento jurídico constitucional que avalan los principios democráticos de sus cargos. Es importante mantener las límites de poder y separarlos de los intereses partidistas (aún más en próximas elecciones), por lo que el Poder Judicial debería abocarse a garantizar el respecto y cumplimento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el progreso social y no permitir ni preocuparse por posibles desestabilizaciones externas que pretendan colonizarlo, como diría Carlos Fuentes, desde la silla del águila.

 

MORENA y sus aliados impulsan la reforma al Poder judicial.

LA DIÁSPORA EJECUTIVA

Precisamente de las futuras elecciones y con base a los datos, información y opiniones de actores partidarios expresadas al inicio del texto, parecería que las modificaciones buscadas en la propuesta de reforma al Poder Judicial, lejos de pretender una dinámica progresiva para hacer valer y respetar a los derechos humanos y la Constitución, se observan comportamientos erráticos donde no se tiene la intención de penetrar a corto plazo, sino como dice Gabriel Ibarra Bourjac, de ir preparando un escenario en la cual la sociedad las conozca. Y es que se intuye en ese sentido, se estarían aprovechando de la mala (no del todo justificada) y mayoritaria percepción social (en este caso del Poder Judicial) y de ello pretender su control.

La fórmula no resulta difícil de entender pues es de conocimiento popular que existe un marcado favoritismo social por el partido que representa el actual Presidente de México, que suponiendo se apruebe tal reforma se podría tener a su beneficio un mejor acceso y posible camino para llevar en diáspora a sus agentes hacia otras esferas de poder.

La lógica prevalece en que las elecciones son el primer paso que se dio para dar a conocer estos proyectos, con independencia de si son o no necesarias y justificadas. Habría que esperar el resultado de cabildeo y votos para saber el porvenir en esta materia y sus demás aristas.

Mexicano; Magistrado en la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Abogado y Maestro en Derecho con orientación en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara; Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Correo electrónico de contacto: luisevillanuevag@hotmail.com

 

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